¿POR QUÉ LA IGLESIA ESPAÑOLA APOYA EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACIÓN?
Las principales instituciones de la Iglesia en España —la Conferencia Episcopal Española, el Departamento de Migraciones, Cáritas, CONFER y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario— han expresado públicamente su respaldo firme y unánime al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno.
Para la Iglesia española, apoyar la regularización no es solo una opción pastoral, sino una exigencia de derechos humanos y una expresión coherente del Evangelio en la vida pública: la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) aborda explícitamente la movilidad humana, reconociendo el derecho a emigrar cuando faltan condiciones dignas y la obligación moral de acoger, en la medida de lo posible, a la vez que destaca los deberes de los migrantes y las competencias de los Estados.
En primer lugar, una aclaración: hablar de ilegal aplicado a personas, contribuye a su deshumanización, mientras que “irregular” remite a un régimen legal concreto y modificable en el que se encuentran esas personas. Por ello debemos referirnos a personas que se encuentran en una situación administrativa irregular y no hablar de los” irregulares”.
Así, esta situación de irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Suelen quedar excluidas del empleo formal y se ven abocadas a trabajos precarios o explotadores, tienen mayores barreras para acceder a la sanidad —más allá de la atención de urgencia o casos protegidos— y encuentran dificultades para alquilar vivienda, abrir una cuenta bancaria o realizar trámites cotidianos.
Esta situación favorece la dependencia económica, el miedo a denunciar abusos laborales o violencia, y un riesgo elevado de pobreza y exclusión social. Todo ello supone vulneraciones concretas de derechos fundamentales: derecho al trabajo digno, a la salud, a la protección social, a la vivienda, a la igualdad de trato y a la no discriminación.
Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social.
Con esta actuación extraordinaria se pretende poder regularizar la situación administrativa de muchas personas y familias en situación de vulnerabilidad que ya residen en nuestro país y que no pueden hacerlo pese a la reciente reforma del reglamento de extranjería.
Y frente a quienes argumentan que esta medida puede provocar un “efecto llamada” les diremos que en este proceso extraordinario hay elementos objetivos que no lo permiten, ya que se limita a las personas que ya residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y además tienen que demostrar la residencia durante al menos 5 meses de forma ininterrumpida.
También nos asustan diciendo que este proceso extraordinario de regularización puede “blanquear” la situación de personas que han cometido algún acto delictivo. Pues no es así, porque las personas que lo soliciten tienen que presentar el certificado de antecedentes penales de España y de los países donde hayan residido en los últimos cinco años.
Otros colectivos van más allá y argumentan que este proceso está configurado para que determinados partidos obtengan más votos en las próximas elecciones. Recordemos que en este caso si la resolución es favorable, la persona solicitante recibirá una autorización de residencia y trabajo por un año. La regularización no concede el derecho al voto, ya que este solo se obtiene con la nacionalidad española, un proceso que exige al menos 10 años de residencia legal y continuada, además de superar pruebas del Instituto Cervantes y otros requisitos administrativos.
Y… ¿QUÉ NOS APORTA ESTA REGULARIZACIÓN?
La mayoría de las personas en situación irregular ya están trabajando en sectores con alta demanda y escasez de mano de obra —los llamados “puestos de difícil cobertura” —, por lo que su regularización les permitirá trabajar con derechos y cotizar. La regularización, lejos de perjudicar, fortalece el mercado laboral y el sistema económico, formalizando trabajos que ya se realizan y aportando cotizaciones que benefician al conjunto de la sociedad.
Las personas migrantes ya contribuyen de forma decisiva a sectores como el agrícola, el cuidado, la hostelería y los servicios. Regularizar su situación supone reducir la economía sumergida, aumentar la recaudación y favorecer la inclusión, lejos de provocar un colapso.
Tampoco debemos olvidarnos de la gran aportación que estas personas migrantes están realizando a los problemas demográficos y de despoblación a los que nuestra Comunidad Autónoma debe de hacer frente.
