Bajo el título “Propuestas de Cáritas ante las elecciones generales 2026”, el documento recoge once medidas concretas que ya están siendo trasladas a las distintas formaciones políticas. Las once propuestas que Cáritas presenta ante las próximas elecciones nacen de la experiencia y la voz de las personas que viven en primera persona situaciones de pobreza y exclusión. Desde enero de 2026, cerca de 940 personas acompañadas por la organización han participado en 84 grupos de reflexión promovidos por las Cáritas Diocesanas, identificando aquellos obstáculos que les impiden ejercer plenamente sus derechos y desarrollar un proyecto de vida digno.
Este proceso de escucha se ha enriquecido con el conocimiento acumulado por el Observatorio de la Realidad de Cáritas y con los análisis de la Fundación FOESSA, lo que ha permitido traducir las experiencias y necesidades detectadas en propuestas concretas orientadas a fortalecer la cohesión social y garantizar el acceso efectivo a derechos para todas las personas.
Estas son, en síntesis, las once propuestas que Cáritas presenta ante la convocatoria electoral del próximo 29N:
1. Garantizar la efectividad de los derechos humanos. Cáritas sugiere la modificación de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y la inclusión de funciones de seguimiento y ejecución de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos. Su objetivo es que todas las personas en España tengan garantizados de forma efectiva los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por nuestro Parlamento en abril de 1973) así como en la Carta Social Europea Revisada (ratificada en junio de 2021).
Los tratados europeos e internacionales de derechos humanos declaran que toda persona necesita para poder vivir con dignidad el tener garantizado un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar a través de una alimentación adecuada y sostenible; acceso a la vivienda, a la energía, al agua, a internet, al vestido, a la asistencia médica y los servicios sociales. Además, la persona debe poder contar con seguro en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez o en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. Garantizar que todas las políticas de transición ecológica vayan unidas a la protección de las personas vulnerables. Cáritas propone que las políticas públicas establezcan medidas activas para la protección de las familias frente a las vulnerabilidades hídrica y energética; asegurando que la transición hacia un modelo más limpio y sostenible es justa para las comunidades y colectivos afectados, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. También que se garantice el derecho a la movilidad sostenible a través de un sistema de transporte público justo, inclusivo y asequible; eliminando barreras para personas con movilidad reducida, bajos ingresos o que viven en zonas rurales, a través de infraestructura accesible, financiación equitativa y servicios eficientes.
3. Protección integral frente al acceso y a la pérdida de la vivienda. Uno de cada cuatro hogares en nuestro país tiene algún problema con su vivienda, ya sea porque su tenencia es precaria, porque es inadecuada o no puede hacer frente a los gastos de su mantenimiento. Frente a esta realidad, Cáritas pide la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar a todas las personas que residen en habitaciones las mismas garantías que amparan al resto de arrendamientos de vivienda.
También solicita la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para asegurar que las personas afectadas por desalojos tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada sin que se produzca el desalojo de su hogar mientras no se garanticen estas condiciones mínimas. Por último, propone que se cuente con un parque de vivienda social, y dentro de ella, de viviendas de emergencia, para así poder afrontar desde las administraciones públicas las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión que sufren las personas y las familias en el acceso a una vivienda adecuada.
4. Ampliar la cobertura pública en materia de salud bucodental, oftalmológica y auditiva a personas en exclusión. La normativa estatal configura la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud de manera que la atención bucodental, oftalmológica y auditiva queda reducida, en la práctica, a un conjunto mínimo de prestaciones y a un número limitado de colectivos beneficiarios. Esta insuficiencia de la cartera común genera, además, una desigualdad territorial al no garantizarse un contenido mínimo homogéneo en todo el Estado.
Frente a esta situación, Cáritas solicita que se garantice a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad el reconocimiento como colectivo prioritario en el conjunto de prestaciones bucodentales, visuales y auditivas del Sistema Nacional de Salud.
5. Avanzar hacia un sistema de cuidados basado en derechos tanto para las personas beneficiarias como para las personas que proveen esos cuidados. Cáritas sugiere que la aplicación de la recién aprobada Ley de dependencia se aplique por igual en todo el territorio del Estado y para todas las personas que necesitan recibir cuidados adecuados a lo largo de su ciclo vital, con especial foco en aquellas con menos recursos. Asimismo, pide que reconozca y equipare en derechos a las personas trabajadoras del sector, con el resto de las personas trabajadoras.
Para ello, Cáritas solicita que las personas cuidadoras profesionales tengan garantizadas la equiparación salarial y las condiciones laborales y de seguridad social, prevención de riesgos laborales y acceso a la negociación colectiva, conforme al Estatuto de los Trabajadores, la normativa de prevención de riesgos y los estándares europeos de trabajo decente.
En el ámbito del empleo de hogar se debe consolidar la equiparación plena de derechos. Por eso Cáritas considera necesario reforzar el control sobre estas contrataciones solicitando que se exija su registro en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) como ocurre con el resto de las actividades productivas por cuenta ajena. Asimismo, y puesto que la contratación de estas personas trabajadoras es soportada por personas físicas, debe plantearse una estrategia de fomento de la contratación que consolide desde la realidad de la cotización, que el sector de los cuidados es un sector de actividad profesional en desarrollo.
6. Reducir la precariedad laboral de las personas trabajadoras con mayor dificultad de acceso al empleo. La precariedad laboral constituye un elemento estructural del mercado de trabajo en España, caracterizado por tres dimensiones: inseguridad en el empleo, la insuficiencia de ingresos y la carencia de derechos de protección social. Cáritas propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que se deba justificar mediante justa causa, la realización de un contrato a tiempo parcial.
7. Impulsar el desarrollo reglamentario de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Cáritas identifica, en su acompañamiento diario a las personas, que cuando la Administración falla en su obligación de implementar políticas públicas de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, sus consecuencias afectan de manera especialmente intensa a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
La ley en vigor ofrece un marco normativo claro para garantizar y promover la igualdad de trato y no discriminación. Sin embargo, Cáritas considera que la plena implementación de esta norma a través de un desarrollo reglamentario resulta esencial para asegurar una protección real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a todas las formas de discriminación, eliminando barreras de acceso a derechos y reforzando los mecanismos de prevención, protección y reparación.
8. Mejora del Ingreso Mínimo Vital. Lograr un sistema adecuado de garantía de ingresos mínimos adaptado a las situaciones de pobreza y exclusión sigue siendo una tarea pendiente. Para ello, Cáritas ve imprescindible reformar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que llegue de forma efectiva a las personas en pobreza y exclusión severa.
Con esa finalidad, sugiere la reducción de la unidad de convivencia centrándose en la unidad familiar nuclear; la modificación del régimen de requisitos de acceso, especialmente los vinculados a la residencia administrativa; facilitar la compatibilidad con el empleo -valorando modos de reactivación automática del IMV al finalizar el empleo temporal, sin reiniciar el procedimiento ni generar periodos sin ingresos-; revisar la definición y valoración del patrimonio analizando el tipo de activos que se incluyen y el impacto real en la vulnerabilidad económica de los hogares. Cáritas sugiere además garantizar el acceso a la justicia gratuita en la vía administrativa previa, para evitar la indefensión de personas en extrema vulnerabilidad.
9. Revisar las condiciones de acceso regular al territorio y así como a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados a contar con un contrato de trabajo. Cáritas acompaña a las personas en distintos momentos de su proceso migratorio: en origen, tránsito y destino. E identifica que los proyectos de migración de forma legal y segura se ven obstaculizados por la falta de vías de migración regular, especialmente aquellas no vinculadas al mercado laboral.
A su vez, Cáritas reivindica que todas las administraciones eliminen los obstáculos para que todas las personas residentes en España tengan acceso a prestaciones sociales básicas, incluyendo las personas en situación administrativa irregular.
10. Aprobación de una Ley integral contra la Trata. La trata de personas en España ha experimentado un incremento del 28,6 % en 2024 al 45,9% en 2025, aunque los datos no reflejan el problema real, ya que no todas las personas que sufren esta grave violación de derechos denuncian ni son detectadas.
Desde la Red Española contra la trata de personas (RECTP), de la que Cáritas forma parte, se pide, entre otras cuestiones, que la nueva norma garantice un enfoque integral que abarque a todos los tipos de trata, sea cual sea la finalidad de la explotación, trata nacional o internacional, y con independencia de cuál sea el sexo, la edad, nacionalidad o situación administrativa de las víctimas y con dotación presupuestaria suficiente para su implementación.
11. Garantizar el cumplimiento del compromiso del 0,7 % PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En un contexto global marcado por crisis múltiples −climática, de derechos humanos, alimentaria, humanitaria y de deuda− resulta imprescindible reforzar la AOD, asegurando su crecimiento progresivo hacia el 0,7%; responsabilidad reforzada por el Estado español en la IV Conferencia de Financiación en Sevilla de Naciones Unidas el pasado mes de julio de 2025.
Ante las próximas elecciones generales, Cáritas reivindica su papel como agente de transformación social, tanto en el ámbito local como en el global. Esta misión se ve respaldada por una sólida base social, integrada por 67.966 personas voluntarias, y el acompañamiento a 2,13 millones de personas en vulnerabilidad y exclusión. A ello se suma una amplia presencia territorial, articulada a través de 70 Cáritas Diocesanas y más de 4.923 Cáritas Parroquiales.
Con estas propuestas, Cáritas hace un llamamiento a los partidos políticos para que sitúen la dignidad humana y la garantía de los derechos humanos en el centro de la acción pública, prestando una atención especial a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Desde su compromiso con la caridad política y el bien común, Cáritas quiere contribuir a este horizonte y a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y fraterna.
